DESAFIO EN LA SELVA

Editorial
Desafío en la selva
El paro indefinido que mantienen unas 65 etnias amazónicas contra los decretos legislativos denominados "ley de la selva" constituye uno de los mayores desafíos que se hayan planteado al segundo alanismo en poco más de dos años de gobierno. Máxime cuando estas comunidades se han negado a dialogar con el ministro ambiental, Antonio Brack, reclamando la presencia del presidente García o del premier Del Castillo.
Pero incluso si uno de los dos –posiblemente el premier– acepta acudir a negociar, el camino no parece fácil, pues lo que exigen los huelguistas para levantar el paro es simple y llanamente la derogatoria total de los decretos legislativos cuestionados, que consideran atentatorios contra sus derechos ancestrales y sus tierras, puesto que ya no será necesario contar con su autorización para iniciar la explotación de minerales, gas o petróleo en ellas.
Aunque hasta ahora no se han producido episodios de violencia –más allá de la toma de dos pozos en producción de gas natural y la pequeña central hidroeléctrica El Muyo– la interrupción del diálogo debido a su rechazo a reunirse con Antonio Brack y el silencio que guarda el gobierno al respecto no han hecho sino empeorar las cosas. Petroperú ha dejado de operar el oleoducto Norperuano, que provee de unos 27,000 barriles diarios al mercado interno y los nativos han interrumpido un tramo de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, en el cual están bloqueados cientos de vehículos.
¿Qué hacer ante una situación tan tensa? Mucho nos tememos que no quede otra salida al gobierno que acudir a negociar. De hecho, ya el ministro Brack lo había venido haciendo, pues había ofrecido a los huelguistas en nombre del Ejecutivo mantener en suspenso la reglamentación de los DL 1015 y 1073 hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su conformidad o discordancia con la Carta vigente.
También el ministro del Ambiente se había comprometido a dar validez al convenio 269 de la OIT y a la declaración de la ONU sobre los derechos de las poblaciones indígenas, dos textos que entran en colisión con los DL que hacen de la selva un paraíso para inversionistas extranjeros, en detrimento de los derechos tradicionales de las comunidades, calificadas de "perro del hortelano".
Entonces, lo que queda es que el premier Jorge del Castillo se embarque en el primer helicóptero que viaje a la zona y dé inicio formal a la negociación, a cambio de que el paro sea levantado. Dilatar más esta situación y dejar que se siga pudriendo es arriesgarse a indeseables episodios de violencia en una zona sumamente delicada por la presencia en ella del narcotráfico.

FUENTE LA La República